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Articulo por Arq.com.mx - http://www.portaldelmedioambiente.com
La mayor parte de las voces que se dejaron oír durante la última celebración de la cumbre de la FAO en Roma suelen insistir en los mismos razonamientos de siempre cuando se habla de la agricultura y la pobreza en el planeta, aunque ahora reforzados desde que los precios de los productos agroalimentarios han experimentado un crecimiento espectacular que amenaza con el hambre a millones de personas del mundo subdesarrollado.
Estos argumentos son distintos según su procedencia. Los gobiernos de los países dominantes, la agroindustria, las grandes firmas de la transformación y la distribución agroalimentarias y los organismos comerciales y monetario-financieros internacionales (OMC, FMI, BM) sostienen que la pobreza de los países subdesarrollados se solucionaría si hubiera una mayor liberalización comercial en el mundo.
Los gobiernos de los países pobres y ciertas ONG, por su parte, insisten en que los países ricos deberían abandonar la protección de sus agriculturas, eliminando de una vez por todas las ayudas y subsidios al sector agropecuario para evitar así una competencia desleal en los mercados internacionales. Las intenciones de unos y otros son muy diferentes, algunas incluso tienen buena voluntad, aunque a mi modo de ver resulten igualmente equivocadas y en el fondo desemboquen en la implementación de estrategias y recetas muy parecidas.
Como indica el historiador Eric Hobsbawm, pensar que el comercio internacional libre y sin limitaciones permitirá que los países pobres se acerquen a los ricos va contra la experiencia histórica y contra el sentido común.
Quienes más y mejor rentabilizan las aperturas de los mercados son las corporaciones transnacionales de la gran distribución organizada. Incluso las recientes reformas agrarias de la UE, que intentan adaptar el sector a un comercio internacional libre de trabas aduaneras y de subvenciones agrícolas proteccionistas, han sido puestas al servicio de las grandes compañías agroalimentarias europeas a las que no les mueve precisamente la solidaridad y la cohesión comunitarias ni el altruismo de un comercio mundial más justo, sino el interés por comprar las materias primas que utilizan o los productos frescos que distribuyen al precio más bajo posible para luego vender lo más caro que se pueda.
En cualquier caso, y a la luz de experiencias concretas, la liberalización comercial a ultranza que preconizan estos paladines del librecambio implica de hecho un perjuicio claro para los pobres de los países ricos, es decir, los agricultores, en beneficio casi exclusivo de los ricos de los países pobres, o lo que es lo mismo, la oligarquía terrateniente, la agroindustria y los exportadores más dinámicos, sin olvidar, por supuesto, a las empresas transnacionales que allí actúan.
Para conseguir las materias primas y productos agroalimentarios a un precio bajo, estas pujantes corporaciones transnacionales, en connivencia con muchos gobiernos locales, fomentan los modelos agroexportadores, basados en un depredador y empobrecedor monocultivo que arruina los ecosistemas, la agricultura campesina y la organización social de muchas comunidades rurales.
La distribución organizada necesita grandes proveedores capaces de suministrar ingentes cantidades de productos estandarizados, a un precio mínimo y en el menor tiempo posible, y por eso los buscan en los países subdesarrollados, donde la tierra y la mano de obra son baratas y las legislaciones ambiental y laboral son permisivas. Por si esto fuera poco, el modelo agroexportador supone que muchos países dediquen las tierras de cultivo a los productos susceptibles de ser vendidos en los mercados exteriores (flores, hortalizas, soja, cítricos, caña de azúcar) en detrimento de las producciones para alimentar a la población autóctona (trigo, arroz, mandioca, frijoles).
El mundo desarrollado cada vez consume más productos que provienen de lugares lejanos y fuera de la estación correspondiente. Todo representa un enorme desarraigo campesino y la desnutrición y el hambre para millones de seres humanos, así como una contribución enorme a la contaminación del planeta y al calentamiento global.
La cuestión agroalimentaria y las amenazas que sobre ella se ciernen tienen mucho que ver con la existencia de dos modelos productivos: la agricultura familiar o campesina, por un lado, y la agroindustria, por otro. El modelo agroindustrial y agroexportador es el dominante y su influencia afecta al modelo campesino hasta el punto de contribuir a su inviabilidad y consiguiente desaparición. En definitiva, los problemas que oprimen a los campesinos de los países empobrecidos son muy parecidos a los que deben hacer frente las explotaciones familiares de las naciones ricas.
Pese a los rimbombantes discursos y declaraciones oficiales, que tranquilizan las conciencias y ayudan a difundir entre la población mundial una preocupación un tanto cínica por parte de muchos gobiernos y de las llamadas instituciones de Washington (FMI y BM), la realidad demuestra que los alimentos suben de precio de manera constante y que cada vez menos personas tienen acceso a los mismos.
Por otro lado, el término comercio justo se encuentra lleno de confusiones y ambigüedades. Existe una visión tradicional cuyo enfoque se orienta hacia la necesidad de vender sus productos en el exterior que tienen los campesinos de los países empobrecidos como medio para salir del subdesarrollo. Sin embargo, hay otra manera más global y crítica de afrontar esta cuestión, pues abundan las personas bien intencionadas que piensan que comprando un producto procedente de un país subdesarrollado se apoya a los campesinos de estos lugares, cuando lo cierto es que desde el momento en que los consumidores de los países ricos compra un producto de agroexportación está contribuyendo al fomento de un modelo productivo depredador y causante de grandes impactos ambientales y de exclusiones sociales en amplias áreas del planeta.
El comercio justo sirve para sensibilizar a la población, hasta aquí todo perfecto, pero nunca se resolverán de este modo los graves problemas estructurales que arrinconan a los campesinos, impiden la producción agraria para la alimentación local y ponen en entredicho la soberanía alimentaria de los pueblos.
Por paradójico que parezca a simple vista y en contra de lo que se suele publicitar desde las más diversas e interesadas instancias, la mejor forma de defender a los campesinos de los países subdesarrollados consiste en proteger a los agricultores familiares de las naciones ricas. Así, el comercio sería más equitativo, el consumo ganaría en responsabilidad y las grandes firmas transnacionales de la distribución y transformación agroalimentarias se quedarían inermes para arruinar a unos y a otros.
Tal vez los países subdesarrollados deberían renunciar al espejismo de la liberalización comercial y a la firma de tratados de libre comercio con las naciones dominantes, y agruparse en bloques regionales políticos y económico-mercantiles que les posibilitara una mejor defensa de sus intereses y la protección de sus producciones y campesinos mediante la implementación de una preferencia comercial regional similar a la que inspiró la PAC cuando se creó la CEE.