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Articulo por Nacion.com El Periodico de Costa Rica - http://www.nacion.com
El Gobierno rebusca entre las opciones legales para anular la nueva ley que facilita la realización de consultas populares para oponerse a proyectos con un posible impacto ambiental, o al menos los artículos que considera inconvenientes.
Vetar el proyecto de ley que ya recibió las dos aprobaciones de rigor en el Congreso es una de las opciones, pero el ministro de Ambiente, Roberto Dobles, prefirió no hablar en nombre de la Presidencia.
El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, no estuvo disponible para atender las preguntas de La Nación sobre este tema.
Lo cierto es el objetivo del Gobierno: evitar que inversiones puedan quedar a expensas de grupos opositores capaces de convocar referendos o plebiscitos con solo el 10% del patrón electoral del distrito, el cantón, la provincia o el país.
Así lo decidieron por unanimidad 48 diputados la semana pasada, incluidos los de Gobierno. La reforma a la Ley Orgánica del Ambiente también otorga potestades electorales al Ministerio de Ambiente (Minae), con las cuales no está de acuerdo la entidad ni el Tribunal Supremo de Elecciones.
“Estamos valorando el proyecto como quedó aprobado. Es parte de lo que se está analizando. No puedo decir que se vetará (...) No quiero adelantar criterio de otro ministerio. Prefiero hablar sobre el mío”, expresó ayer Roberto Dobles.
El Ministro rebatió palabras de la diputada oficialista Maureen Ballestero, quien expresó que el Ejecutivo no manifestó con claridad su oposición al proyecto.
“El Minaet se manifestó en contra por varias razones. Lo hizo a través de un oficio el 26 de junio. Ese mismo día lo conoció la comisión que estudiaba el proyecto. Está en las actas de ese día, en la página 9”, detalló el jerarca. Agregó que afecta a entidades públicas como al ICE y al MOPT.
Dobles también declinó comentar las razones que propiciaron la divergencia entre los diputados oficialistas y el Ejecutivo. “No me compete responder esa pregunta. Yo no emito juicios de valor sobre otras organizaciones”, alegó.
El proyecto recibió ya la aprobación legislativa en primer y segundo debate. El trámite siguiente es la firma de la Presidencia para sancionarlo (avalarlo) o vetarlo de manera total o parcial.